Cómo se hizo la investigación
Por Gerardo Young
Esta investigación intentó una primera aproximación a la sospecha, ahora comprobada, de que muchas organizaciones sin fines de lucro son, en realidad, coberturas para la transmisión de fondos desde el Estado hacia la política.
Desde el principio se intentó usar, como eje, pedidos formales de acceso a la información pública, una herramienta por la que el Foro de Periodismo Argentino pelea desde hace años para que se convierta en ley nacional.
Hoy ese recurso está reglamentado por un decreto, pero sólo tiene alcance sobre la administración del gobierno nacional. No así, por ejemplo, sobre el Congreso de la Nación o las organizaciones que se alimentan de los fondos públicos.
Se presentaron pedidos a los ministerios y a las áreas que acostumbran a repartir subsidios. También se hizo lo mismo con el Congreso, aun sabiendo que no había obligación de parte de los legisladores de dar la información.
Mientras se esperaban las respuestas, se comenzó a trabajar sobre una base de “fundaciones sospechosas” que surgió de las únicas dos bases de datos que había sobre este tema: una, en manos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con información de 2005, 2006 y 2007 sobre los giros de fondos desde tres ministerios a las organizaciones civiles; otra, de Directorio Legislativo, que realizó en 2007 un monitoreo sobre los subsidios y donaciones de los diputados y senadores.
Por la investigación de Fopea esas bases de datos se han ampliado y actualizado. Y están a disposición de todos los que quieran acceder.
El trabajo cotidiano tuvo dos territorios base, uno físico y otro virtual. Las oficinas de Fopea sirvieron para llamados telefónicos, consultas por Internet y base de archivos.
Pero fue el territorio virtual el más activo. Se abrieron documentos en Google Docs compartidos por todos los miembros del equipo. También se inició un blog y se sumó una cuenta de Twitter.
Los documentos compartidos permitieron a cada uno ir viendo, paso a paso, los progresos del conjunto. Se hicieron acotaciones permanentes, se consultó a los demás, hubo intercambio de dudas y certezas.
Para la elaboración del especial multimedia hubo que salir a la calle con la cámara digital y ganas de experimentar. Las entrevistas ocuparon más tiempo del necesario (por inexperiencia) y algunas salidas en cámara resultaron demasiado movidas o con poca luz. Se fue ajustando hasta lograr un resultado aceptable. El asistente del equipo, más joven y cercano a las tecnologías, resultó un camarógrafo muy digno.
El apuro inicial por presentar los pedidos de acceso a la información (porque los plazos de respuesta suelen ser largos) hizo que algunos escritos no fueran demasiado detallados.
Eso permitió que los funcionarios encargados del área se escaparan un poco con argumentos técnicos. De todos modos, en casi todos los casos se pudieron rehacer a tiempo.
Hubo inconvenientes, claro. Encontramos muchos escollos en la Cámara de Diputados y no tantos en el Senado, donde ofrecen bastante información online. Los bloques legislativos directamente ignoraron los pedidos de informes.
La Inspección General de Justicia respondió, pero con mucha demora y a un alto costo (150 pesos por trámite). Para la investigación era indispensable recurrir a ese organismo, ya que permitió saber si las fundaciones que reciben fondos públicos cumplían con la obligación de presentar balances. La respuesta: pocas lo hacen.
Más allá de los problemas de transparencia de la gestión pública, fue una grave traba para este trabajo el silencio de las fundaciones que gastan plata de todos. La COPPPAL, la FAM o el CARI, por citar tres casos, son organizaciones “sin fines de lucro” que reciben millones y millones de pesos del Estado pero no dan información.
Un vocero del CARI, por ejemplo, prometió durante semanas dar una respuesta que nunca llegó. De una de estas organizaciones surgió una de las anécdotas más insólitas: la FAM tiene tres empleadas en Prensa y las tres se llaman Mariela.
El material del especial multimedia (los videos, las imágenes, los documentos, etcétera) se fue enviando a Bahía Blanca, donde trabajan uno de los miembros del equipo de investigación y los encargados del armado.
Como suele ocurrir, el gran inconveniente fue la falta de tiempo. Incluso se evaluó la posibilidad de pedir una prórroga, pero finalmente se decidió aceptar los plazos como en cualquier cierre real.
Faltaba que llegara información y procesar algunas sospechas, es cierto. Sin embargo, se privilegió respetar las formas. Igualmente la información ahora está disponible para todos y puede ser sometida a más y mejores escrutinios.
