Juan lleva diez horas trabajando sin parar y en su rostro corren gotas que se transforman en barro cuando tocan la arcilla seca que se le pega en la frente. Sus manos y su cintura se mueven sin descanso. Tiene que cortar más de 1.000 ladrillos para que la jornada rinda y el esfuerzo se traduzca en algo más de 400 pesos. Su esposa, parada a tres metros de altura, apila en una hornalla miles de piezas. Cuando terminen de quemarse, quedarán listas para la venta. Su hijo, de casi 15 años, empuja una carretilla llena de barro.

Como esta familia, cuyos nombres han sido cambiados para proteger su identidad, otras cientas viven en los campamentos de Allen. Los ladrillos que se elaboran en esta localidad de 40 mil habitantes, ubicada en el Alto Valle de Río Negro, Argentina, son conocidos por su calidad en toda la Patagonia. Sin embargo, detrás de esta actividad, que ha tomado gran impulso en las últimas dos décadas, hay trabajadores explotados por una red de empleo no registrado que vulnera sus derechos.

Casi en su totalidad, los obreros que trabajan en la elaboración de ladrillos provienen de Bolivia y llegaron a la Argentina junto a sus familias con la esperanza de encontrar un empleo que les permita sobrevivir. En esa lógica de subsistencia, se convirtieron en el eslabón más débil de una cadena que mueve millones de pesos por temporada.

Colonia 12 de Octubre es una franja de territorio arcilloso ubicada al noreste de Allen, sobre la zona de bardas (terrenos elevados que bordean el Alto Valle). No es un sector urbanizado y en el lugar existen un centenar de campamentos ladrilleros ubicados sobre la traza de un gasoducto de alta presión y debajo de una línea de alta tensión. Durante muchos años, se creyó que la superficie de este poblado pertenecía al Estado. Los horneros no tenían ningún tipo de documentación de las tierras que ocupaban. Pero en el 2009, Bardas de San Miguel, una empresa minera, se adjudicó la titularidad de las parcelas. El municipio de Allen había elaborado un plan para trasladar los hornos hacia el este, en la zona de Guerrico, donde se pensaba organizar un parque ladrillero, pero el proyecto no tuvo aceptación entre los horneros bolivianos y en el 2010 terminaron adquiriendo las tierras de Colonia 12 de Octubre a la compañía propietaria. En total, los horneros compraron 117 hectáreas (toda la extensión de este campamento) a través de la Asociación de Ladrilleros Árbol Río Negro, entidad que crearon al efecto. Sin embargo seis años después, todavía no existe la escrituración de las tierras por problemas internos y legales que tuvo la propia organización ladrillera.

“Yo ya no sé qué pensar con todo esto de la compra de las tierras. Con mucho esfuerzo nosotros juntamos peso por peso para ser propietarios pero todavía no nos han entregado las escrituras de los lotes y creo que acá alguien nos metió la mano en el bolsillo. Cuando tengamos los títulos de propiedad, recién ahí, vamos a poder empezar a tener los servicios como el agua o la luz de manera legal”, dice un hornero de Colonia 12 de Octubre.

La zona norte de los hornos está ubicada en las bardas, detrás de una franja de chacras de una empresa frutícola. A diferencia de Colonia 12 de Octubre, en el norte, todos los hornos están localizados sobre tierras de un mismo dueño: un productor minero de nacionalidad argentina que provee más del 50% del limo que se utiliza para la elaboración de los ladrillos en Allen. También es propietario de las habitaciones que ocupan tanto los trabajadores permanentes como los temporarios, y ha hecho los tendidos de luz, compra el agua para consumo, etc, según indica el informe de la UNRN y el CFI.

El predio donde están asentados estos hornos no está subdividido oficialmente, por lo que todos los caminos dentro de él son privados y requieren de autorización expresa del propietario para circular en ellos. Asimismo, la posibilidad de crecimiento económico en esta zona de hornos es más acotada, ya que el dueño de las tierras tiene injerencia sobre todo la cadena productiva: les vende a los horneros la materia prima al precio que considera oportuno, se queda con un porcentaje de ladrillos en concepto de alquiler y controla todo el proceso.

Como las familias viven y trabajan en el mismo espacio, la vulnerabilidad en la que se encuentran tiene varias dimensiones: sin trabajo formal, no tienen aportes a la obra social, a la ANSES, ni ART o seguro de vida. Por otro lado, todos deben colaborar para alcanzar la meta productiva: por eso, mujeres, adolescentes y niños se suman a las tareas. Por último, las viviendas suelen ser precarias, no tienen cloacas y están “colgadas” al tendido eléctrico.

“La mayoría de las personas son de nacionalidad boliviana, y hay muchos menores. Se visualizaron baños en estado precario y habitaciones cerradas con candados, lo que hace suponer que había gente que no podía obrar libremente en su vida. La situación de los menores también es compleja”, dijo la ex viceministra de Trabajo de la Nación, Noemí Rial, al referirse a una inspección que se hizo en Colonia 12 de Octubre durante el 2011. La cartera nacional aseguró en esa fecha que en la zona ladrillera de Allen había “trata de personas” y que se habían detectado casos de trabajo infantil.

Las inspecciones de los organismos de control en la zona ladrillera (Colonia 12 de Octubre y sector norte) han sido esporádicas, pero en cada operativo se hallaron serias irregularidades: principalmente, falta de registración de los trabajadores, además de precariedad en viviendas y sectores de sanitarios, según explica el delegado en Allen de la Secretaría provincial de Trabajo, Daniel Panero. Cuando los obreros advierten la presencia de inspectores, muchos huyen de los campamentos y se esconden detrás de las bardas o en algún lugar de difícil acceso. Lo mismo sucedió durante el desarrollo de esta investigación con un grupo de mujeres que, al ser fotografiadas trabajando en uno de los campamentos, se escondieron detrás de una pila de ladrillos, visiblemente asustadas, mientras señalaban al dueño del horno, que vigilaba a los obreros desde otro sector. Cabe aclarar que el trabajo femenino está prohibido en el contrato colectivo de ladrilleros.

Panero relata que son “contados” los casos en los que los obreros del ladrillo se animaron a denunciar las pésimas condiciones de trabajo. En una oportunidad —recuerda el funcionario—, una pareja de inmigrantes bolivianos acudió a la sede de Trabajo para denunciar que el propietario del campamento sólo les daba 50 pesos por semana para la comida. Pero cuando se activaron los mecanismos para avanzar con las acciones, desistieron de la presentación.

La Secretaría de Trabajo de Río Negro no realizó inspecciones en la zona ladrillera durante el 2015 y casi todo el 2016. En noviembre de este año, hizo un operativo de higiene y seguridad en Colonia 12 de Octubre. De acuerdo al organismo, no cuentan con los recursos necesarios para el control eficaz de un territorio tan extenso: 150 hectáreas, aproximadamente.

Las condiciones de precariedad de la mayoría de las viviendas que habitan los obreros del ladrillo son visibles. En el sector norte, viven hacinados en habitaciones que no cumplen ningún requisito de seguridad e higiene laboral.

En Colonia 12 de Octubre, que es el territorio ladrillero más extenso, acceden a los servicios en forma clandestina (se “cuelgan a la luz”, por ejemplo) y gran parte de los campamentos están ubicados sobre la traza de un gasoducto troncal de alta presión y debajo de una línea de alta tensión, con el riesgo que representa. En enero y julio del 2012, el gasoducto fue dañado por máquinas excavadoras que trabajan en la actividad ladrillera. El panorama fue crítico porque el caño tiene una presión de 25 kilos, es decir, 25 veces mayor a la que posee la red domiciliaria de gas.

Como los obreros del ladrillo son trabajadores no registrados, no tienen aportes al sistema de seguridad social y padecen la carencia general de los derechos y beneficios que prevé la normativa para los empleados. Al no contar con obra social, el Hospital Dr. Ernesto Accame de Allen se encarga de cubrir toda la demanda sanitaria de los trabajadores ladrilleros. En cuanto a la educación, los padres ven en la escuela la posibilidad de ascenso social, el camino para que sus hijos salgan de la vida sacrificada en los campamentos. Los niños van, en su gran mayoría, a la escuela primaria Nº 299, pero también a otros establecimientos de la ciudad.

Luis vive desde hace seis años en Colonia 12 de Octubre: “Acá se trabaja mucho y no se puede reclamar a los patrones porque si no te gusta, te dicen que agarres tus cosas y te vayas. A ellos no les sale nada despedirte porque no tenemos papeles, a lo sumo si te echan te hacen un arreglo de plata en el que siempre sale ganando en dueño del horno. Y que uno ni piense en ir a denunciar al Ministerio de Trabajo porque eso sí que los pone furiosos a los patrones. Yo estoy muy agradecido con Argentina porque en Bolivia vivíamos muy mal y acá por lo menos tenemos para darles de comer y educar a nuestros hijos”.

Según Luis Cáceres, secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA), unas 150.000 familias viven de la actividad ladrillera en el país: “La mayoría de los trabajadores no están registrados, no tienen obra social ni aportes jubilatorios. Hay trabajo esclavo y trabajo infantil. En algunas provincias, la mayoría de los trabajadores son de la comunidad boliviana, como por ejemplo, en Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, una parte de San Luis y Santa Fe”.

Como apunta Cáceres, la vida en los hornos suele encubrir trabajo infantil (prohibido por la legislación argentina) y trabajo esclavo, con lo que se podría hablar de trata de personas, considerada un delito según la Ley 26.364 que pena la explotación de mayores y menores de edad. Hay dos situaciones —entre otras que describe la norma— en las que se considera que existe explotación, aplicables (de comprobarse) a la actividad ladrillera:

“a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a prácticas análogas;

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;”.

Por otra parte, la Ley 26.364 especifica que para que haya trata de personas debe haber clientes que se beneficien con la explotación. En este caso, se incluirían los patrones que manejan los hornos.

Explotación, personas en situación de vulnerabilidad, clientes: cuando se cumplen estos tres puntos, es correcto hablar de trata de personas. No es casual que esta tarea sea hecha por migrantes y por fuera del derecho laboral argentino, es la forma de fabricar productos a bajo costo. Por eso, la intervención del Estado es indispensable para indagar en qué contexto se desarrolla el trabajo en los hornos.

En los campamentos, hombres y mujeres (en su mayoría de nacionalidad boliviana) trabajan a la par en la elaboración de los ladrillos. Lo hacen en jornadas que pueden alcanzar las 10 ó 12 horas, según la época del año. La temporada alta de la elaboración de ladrillos comienza en agosto / septiembre y se extiende hasta abril / mayo. Durante el invierno, se paraliza por las condiciones climáticas, pero ese periodo es aprovechado para preparar los campamentos para la temporada siguiente: se acopia leña y otros insumos que necesita la actividad.

Los obreros son “pordieros” (trabajan por día) o “por tanto”, es decir, a destajo, hasta completar la tarea.

La necesidad de hallar mejores condiciones de vida llevó a los trabajadores bolivianos a emigrar hacia la Patagonia. En la mayoría de los casos, ingresaron a la Argentina de manera ilegal, desde el norte. Antes de llegar a Río Negro, muchos trabajaron en Córdoba y Mendoza, donde también se elaboran ladrillos artesanales, o en la horticultura, en diferentes áreas de la provincia de Buenos Aires.

Roberto Benencia, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, señala dos causas como principales factores de la migración boliviana hacia la Argentina: las condiciones económicas, laborales y sociales en el país de origen y la economía receptora con déficit de mano de obra no calificada, a la cual el arribo de inmigrantes le es funcional.

Según un informe publicado en el 2012 por la Pastoral de Movilidad Humana, más de tres millones de ciudadanos bolivianos viven fuera de su país. El mismo organismo destacó que 1.200.000 de los bolivianos que dejaron su país reside en la Argentina. Es el caso de María, obrera de los hornos: “Hace unos 15 años, cuando llegamos a la Colonia 12 de Octubre con mi marido, sólo se paraba para comer algo y después seguíamos hasta la noche. Poco descanso y mucho trabajo. Los cortadores, que siempre venían desde Bolivia porque acá había pocos que se dedicaban a ese oficio, cortaban los ladrillos hasta aprovechando la luz de la luna. Con mi familia también trabajamos en la cebolla y cosechando uvas en Mendoza pero volvimos al ladrillo”.

Para la licenciada en Antropología, Perla Brevi, quien participó en el estudio que la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) realizaron sobre la actividad ladrillera, se da, en algunos casos, un sistema de “autoexplotación”: se genera entre los obreros una competencia para ver “quién puede lograr más”. Para algunos propietarios de los campamentos, la actividad es muy próspera. “A veces hay grandes desigualdades sociales dentro de la comunidad. Algunos tienen mucho dinero y han accedido a bienes, fruto del trabajo, y otros viven en condiciones de bastante precariedad”, dice Brevi.

Que los niños trabajen es visto por los horneros ladrilleros como una “cuestión cultural” y no como una situación de explotación infantil. En agosto del 2009, cuando en Allen se desató un debate sobre el tema, el ex vicecónsul boliviano, Juan Carlos Espinoza, reconoció la problemática, pero negó que hubieran existido casos de explotación. Dijo en su momento que los niños sólo “colaboran” en el trabajo diario con sus padres, ya que esa es una costumbre que traen arraigada desde Bolivia.

En la Argentina, la Ley 26.390, sancionada en el 2008, prohíbe el trabajo infantil y establece modalidades de protección del trabajo adolescente. Fija la edad mínima de admisión al empleo en los 16 años, prohibiendo el trabajo de las personas menores de esa edad en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea el empleo remunerado o no.

Ver a niños y adolescentes trabajando en los campamentos es frecuente. Para la Asociación de Ladrilleros Árbol Río Negro, que agrupa a los propietarios de los hornos de Colonia 12 de Octubre, la situación que se da con los menores es “cultural” y no de trabajo infantil. Víctor Flores, presidente de la entidad, dice: “Nosotros nunca los obligamos, es cultural. Nos hemos criado así, nuestros padres nos educaron así. Igual que la familia argentina le enseña a los chicos a manejar movilidad y salen con esa mentalidad. Muchas veces los chicos dicen que quieren aprender a manejar el tractor. Y cuando empiezan a manejar se entusiasman y ellos solos se van. Yo les digo a mis compañeros que les pueden enseñar un rato pero que no estén muchas horas trabajando”.

Norma Mora, asistente social del Hospital Dr. Ernesto Accame, explica que “se reproduce el sistema social que tienen en su país de origen: fuerte patriarcado, rol prevalente del hombre, los niños a la par de la familia trabajando, sumados los adolescentes y los jóvenes”. Cuando el Estado quiere intervenir en esos contextos, encuentra dificultades, dice Panero, de la Secretaría Provincial de Trabajo, porque “es muy difícil hallar a los chicos trabajando, cuando ven llegar a la gente del organismo, se esconden o huyen para algún sector”.

Cáceres, secretario del sindicato de ladrilleros (UOLRA), apunta que las situaciones de trabajo infantil se dan tanto cuando hay un patrón que controla la producción, como en los emprendimientos autogestionados por las familias: “El horno está en la casa y los chicos se crían jugando al lado. Para esos chicos, el trabajo es algo natural, que tiene que ver con el lugar en el que viven”. Desde UOLRA, explica el delegado, proponen que el Estado cree parques ladrilleros, para separar el ámbito doméstico del laboral.

Lucas Manjon, jefe de investigaciones de la Fundación Alameda, considera que las prácticas culturales nunca pueden vulnerar derechos: “El respeto al derecho debe estar, incluso desde lo penal, porque si nos amparamos en ‘patrones culturales’, volvemos a la Edad Media. Para asegurar el cumplimiento de los derechos, dependés del Estado”.

En el 2011, un estudio sobre trabajo infantil en hornos de ladrillos en el municipio de Las Heras, Mendoza (impulsado por la Dirección de Empleo de la provincia, el Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF) concluía que “El análisis de las consecuencias del trabajo infantil permite inferir que los niños, niñas y adolescentes que trabajan no cuentan con las mismas oportunidades educativas respecto de los que no realizan tareas laborales. Trabajar en los hornos de ladrillos o en el hogar afecta negativamente las trayectorias y desempeños educativos de los niños”.

Manjon conoce la estructura de trabajo en los hornos ladrilleros: hace dos años relevó lo que ocurre en Jesús María, Córdoba, donde se repite una estructura operativa muy parecida a la de Allen. “El sistema es cruel: es tan alto el objetivo de producción que deben alcanzar, que necesitan sumar el esfuerzo de los niños. Las familias, a veces, resignan los derechos de los chicos, en función de asegurar el despegue económico. Por otra parte, vienen de situaciones de gran vulnerabilidad en su país de origen, con lo cual, incluso situaciones irregulares de vivienda y trabajo las experimentan como un progreso”, explica.

“Para nosotros, es fundamental abordar los derechos laborales y los derechos de la niñez. No se puede dejar su cumplimiento sujeto al criterio individual o de un grupo, el marco legal que nos ampara en la Argentina debe estar asegurado para todos los habitantes”, concluye Manjon.

La infancia en los hornos de ladrillos no es fácil. No existen espacios recreativos y los niños que viven allí están permanentemente expuestos a riesgos. Tractores, elevadores, camiones de gran porte y en pésimas condiciones mecánicas circulan a diario por sectores en donde los chicos también juegan.

En el 2008, un niño de un año y medio murió aplastado por un tractor. En el 2009, una beba de 18 meses se electrocutó por la precariedad de las instalaciones. Si bien la chiquita pudo ser reanimada en el hospital, los peligros que enfrentan niños pequeños sin la supervisión de adultos (porque están trabajando) pueden terminar en hechos trágicos: en el 2015, un nene de un año y diez meses cayó en una acequia y se ahogó.

En marzo del 2015, Carlitos, un niño de 5 años, estuvo al borde de la muerte. El nene se encontraba solo dentro de una vivienda cuando, de repente, se incendió la habitación en la que descansaba y las llamas lo acorralaron. Sufrió quemaduras en más de 80% del cuerpo y su cuadro fue crítico. Según explica Luis Novoa, agente sanitario del Hospital Dr. Ernesto Accame, el dueño del campamento dijo que el fuego se había desatado cuando el pequeño jugaba con fósforos, pero las pericias de bomberos determinaron que las llamas se iniciaron a causa de un cortocircuito, por la precariedad de las instalaciones eléctricas y la falta de medidas de seguridad.

Si bien los integrantes de la comunidad y muchos de los especialistas consultados reconocen que la presencia de niños en el trabajo es un patrón habitual en las familias bolivianas, los riesgos que supone para los chicos, tanto en su desarrollo personal como en su integridad física, demandan una intervención del Estado —en articulación con los responsables de los campamentos y los padres y las madres— para asegurar el pleno cumplimiento de los derechos de la niñez.